El Departamento de Justicia ha publicado un comunicado en la que detalla los cargos contra el sitio web: se pide contra sus responsables cinco años de cárcel por crimen organizado, otros cinco por violación de los derechos de autor y veinte por lavado de dinero. El delito clave es el segundo, puesto que si no se considerase a los responsables de Megaupload, tanto la acusación de crimen organizado como la de lavado de dinero no tendrían sentido, pues no habría delito, ni organizado ni desorganizado, y el dinero tendría una procedencia perfectamente legal.
En Estados Unidos está en vigor la Digital Millenium Copyright Act (o DMCA) que permite a los sitios web que aceptan contenido de los usuarios no ser los responsables legales de los posibles delitos contra la propiedad intelectual que cometan éstos. Sitios como Youtube deben incorporar un sistema sencillo mediante el cual se pueda denunciar a un tercero por subir material protegido y éste sea retirado inmediatamente. Si la denuncia es falsa, el usuario que haya subido los vídeos puede reclamar y el caso llegaría al juzgado. Pero mientras el sitio web cumpla y retire los contenidos cuando se realiza una "reclamación DMCA" no
Megaupload cumplía con la DMCA, de modo que no debería ser acusado de nada. Pero el texto de la acusación asegura que existía una amplia conspiración que, en un toque de humor, denomina "Mega conspiracy", para que los usuarios subieran ficheros protegidos y lucrarse de esa práctica:
Han intervenido comunicaciones privadas, correos electrónicos de los responsables de Megaupload, en los que se demuestra que existe relación y colaboración entre ellos y los propietarios de algunos sitios web de enlaces, así como que ellos mismos empleaban su sitio para descargar material protegido, como copias de la serie Los Soprano. El posible problema es que no está claro que haya sido legal esta interceptación de las comunicaciones de los acusados, ya que habría que establecer que sus delitos entran en la lista que permite al FBI realizar estas intervenciones: "asesinato, secuestro, juegos de azar, robo, soborno, extorsión, tráfico de estupefacientes, marihuana u otras drogas peligrosas, u otros delitos peligrosos para la vida, la integridad física o la propiedad, y castigables con pena de prisión de más de un año".
Uno de los programadores de Megaupload subió él personalmente material protegido al sitio.
Consideran que Megaupload no estaba dirigido al negocio legítimo de guardar datos privados de usuarios, porque las cuentas gratuitas no permiten mantener durante más de 90 días los ficheros si nadie los descarga. Pero en eso consiste precisamente el modelo de negocio freemium al que se adhería Megaupload y que es tan popular entre los servicios de internet: hay que poner restricciones a las cuentas gratuitas para estimular que se conviertan en una de pago.
Megaupload premiaba a los usuarios que más material subían con cosas como cuentas Premium gratuitas. La acusación piensa que el único objetivo de este programa era facilitar que se subiera todo el contenido posible, al margen de su ilegalidad.
La acusación piensa que Megaupload, en el fondo, incumplía la DMCA. Cuando un usuario subía un archivo, se generaba un código llamado MD5 que permitía identificarlo. Si otro usuario subía el mismo fichero, aunque tuviera el nombre cambiado, Megaupload no lo almacenaba de nuevo sino que lo reconocía gracias a su código MD5 y simplemente ofrecía un enlace distinto para el mismo contenido que ya tenía almacenado. Cuando una compañía reclamaba por un enlace concreto, Megaupload lo retiraba, pero no eliminaba los demás enlaces que existían a ese mismo fichero.
En un caso que se remonta al verano de 2010, se exigió a Megaupload que retirara 39 ficheros. Un año después seguía alojando 36 de ellos, aunque con enlaces distintos a los denunciados.
La operación ha sido llevada a cabo desde Virginia porque allí estaban situados una buena parte de los servidores de Megaupload, que como empresa está radicada en Hong Kong.
