El Ministerio del Interior cuenta con el diseño de una campaña informativa sobre "desarme voluntario y tenencia responsable" que espera liberar una vez que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que penaliza con 24 meses de prisión o seis años de penitenciaría el tráfico de armas y municiones, y además otorga un plazo de seis meses para entregar o regularizar las armas que se posean en forma ilegal.
Durante 2012, los uruguayos registraron un promedio de diez armas y solamente 160 se entregaron en forma voluntaria. Hay 584.112 armas registradas.
El responsable de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, Ricardo Gil, dijo a El País que la secretaría de Estado tiene armado el diseño de una campaña de "desarme voluntario y tenencia responsable", la cual será liberada cuando se apruebe el proyecto de ley enviado al Parlamento el pasado 25 de abril. Pese a que el instrumento legal era considerado prioritario pa-ra el Ministerio del Interior, Diputados aprobó el texto en una de las últimas sesiones de 2012 y se espera que en marzo el Senado haga lo propio.
"La campaña debe reforzar la ley. Se necesita mucha información porque los ciudadanos contarán con seis meses para regularizar los registros o entregar las armas. Eso debe ser bien explicado. La campaña también apuntará a tratar que los civiles no se armen, y si lo hacen que sea en forma responsable", explicó Gil.
En Argentina se impulsó en los últimos años una fuerte campaña de desarme que incluía incentivos económicos. Gil dijo que la campaña diseñada no prevé incentivos.
La diputada y exministra del Interior, Daisy Tourné, dijo a El País que es "una locura" que el tráfico de armas y municiones no esté tipificado como un delito. "Acá todos sabemos que hay un tráfico muy importante de armas porque tenemos una frontera seca muy permeable y dos grandes países productores de armas como Brasil y Argentina", dijo.
Tourné, que además integra el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, presentó tiempo atrás un proyecto de ley sobre control de armas más ambicioso y restrictivo que el enviado por el Ministerio del Interior.
"El registro de armas está en la órbita del Ministerio de Defensa, lo cual no tiene sentido porque este es un problema civil. Esta es una discusión que debemos dar. El registro y control de las armas no puede estar en manos de quienes las manejan, en Brasil está en la órbita del Ministerio de Justicia y es un ente autónomo el que controla", afirmó. Asimismo, dijo que con la ley debe estimularse el desarme. "Hay que informar, sensibilizar, apelar a todo", dijo.
En diciembre, el Ministerio de Salud Pública respondió un pedido de informes de Tourné sobre muertes con armas de fuego. Detalló que durante 2010 murieron 324 personas como consecuencia de disparos con armas de fuego.
Fallecieron 150 en el domicilio (violencia doméstica y suicidios), 6 en cárceles, 19 en la vía pública, 2 en lugar natural y 147 en sitios no indicados. Del total, 269 fueron hombres y 44 mujeres.
En forma accidental murieron 85 personas, 9 tenían entre 10 y 19 años y 22 entre 20 y 29 años. Suicidios hubo 146, de los cuales 62 se registraron entre personas mayores de 60 años. Los homicidios con armas de fuego fueron 20.
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