Contempla la protección de víctimas de ETA o la violencia machista
El servicio de escolta y protección a las personas amenazadas por ETA y la violencia machista durante los próximos 18 meses supondrá a las arcas vascas alrededor de 145 millones de euros. Es la partida económica que se destinará a la contratación de empresas de seguridad que se encargarán del acompañamiento a jueces, magistrados y cargos electos y públicos.
El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer el anuncio de la adjudicación de los contratos a las empresas de seguridad y en el mismo se detallaba por lotes las compañías contratadas para la protección a los amenazados.
La adjudicación ha quedado repartida entre nueve empresas de seguridad, si bien tres de ellas se llevan la mayor parte: Castellana de Seguridad, Ombuds y Segur Ibérica (encargada de los agentes embarcados en los atuneros vascos en el océano Índico).
